El mandatario ha tomado medidas «extremas» para erradicar la delincuencia, como la prohibición de visitas familiares, la eliminación de toda señal telefónica y de datos alrededor de las prisiones, y el control del perímetro de las mismas por parte de miembros de la Fuerza Armada.
Sin embargo, La ONU establece que dichas medidas eran violatorias de los derechos humanos.
Según el artículo de la UCA, Eliminar las visitas familiares es una decisión errónea e injustificada, un castigo tanto para el recluso como para su núcleo familiar. La visita de esposa, hijos o padres es fundamental, pues mantiene el vínculo, fortalece la capacidad del grupo para sobrevivir a la privación de libertad, alimenta la esperanza y prepara para la inserción en la sociedad al finalizar la pena. Con seguridad, durante la visita se dan los únicos momentos plenos de humanidad y afecto para el preso. Y ello no debe impedirse si no favorecerse, pues constituye un importante factor de rehabilitación e introduce un atisbo de luz en un sistema penitenciario cruel y degradante.
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