Beatriz Olmedo en desacuerdo con “El Diario El Salvador” por ser pagado por Salvadoreños

El nuevo periódico del gobierno fue registrado bajo la sombrilla de la CEL. Una filial de La Geo y una compañía eléctrica constituyeron la nueva sociedad anónima, lo que permite que Diario El Salvador funcione como una empresa satélite sin control de instituciones como la Corte de Cuentas. Su representante legal trabaja en el gobierno y es hombre de confianza de la familia Bukele.

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El gobierno de Nayib Bukele echó mano de subsidiarias del sector energético para tener su propio periódico oficialista que desde el 19 de octubre de 2020 publica el Órgano Ejecutivo.

Muchos políticos han dado su postura por ser construido con recursos del estado, a pesar que ha sido registrado como una empresa externa naciendo como sociedad anónima esta fuera de instituciones de gobierno que son auditadas por la corte de cuentas, Beatriz Olmedo quien siendo candidata a diputada por San Salvador por el partido ARENA ha sido una de las que ha criticado la manera en como se oficializa el periódico que “pagara impuestos”.

FACTUM: “Las empresas estatales las manejan como quieran, es la opción perfecta para mover dinero sin controles. El Tribunal de Ética Gubernamental ni tan siquiera entra ahí. Y lo único que podría hacer la Corte de Cuentas es ver facturas, pero no puede revisar si esa es inversión es eficiente. Puede entrar, pero con dientes quebrados”, explicó Carlos Palomo, integrante del Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas.

Abogados que han trabajado en el sector eléctrico identifican a las empresas subsidiarias de la CEL como una caja chica de los últimos gobiernos. Las filiales de la CEL, aunque se alimentan de recursos públicos, son satélites porque actúan como privados. Tienen todas las libertades de empresas privadas: pueden contratar a quien sea, invertir o comprar sin control público.

La Corte de Cuentas presentó una propuesta de reforma a su ley orgánica a finales de 2019 para fiscalizar empresas públicas. Pedían acceso irrestricto para que “terceros que por cualquier vía reciban y administren recursos públicos, incluyendo fideicomisos, subsidios y comodatos” sean sujetos de controles. Pero esta iniciativa no ha prosperado en la Asamblea Legislativa.

“Hay una gran discrecionalidad en la inversión de esas sociedades. La reforma buscaba ver la eficiencia del gasto, el cumplimiento de sus objetivos. Ahorita la corte solo ejerce control posterior, lo único que puede revisar es la inyección de dinero público”, agregó Palomo.

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